La ONG del ideólogo de EpC cobró 8 millones en contratos y subvenciones

La Liga Española de la Educación y la Cultura Popular, presidida por el diputado socialista e ideólogo de Educación para la Ciudadanía Victorino Mayoral (el que dijo que EpC debía contrarrestar los valores del neoliberalismo conservador), ha recibido casi ocho millones de euros a través de contratos y subvenciones desde que Mayoral fue elegido diputado en la VII Legislatura y se reincorporó al Congreso de los Diputados, en el año 2000. Son al menos doce contratos, diez de ellos ya con un Gobierno presidido de nuevo por el PSOE, y todos con ayuntamientos socialistas o próximos (incluido uno con un consistorio gobernado por la hermana de Gregorio Peces-Barba), excepto los dos realizados con el Ayuntamiento de Madrid. El importe de los contratos es de 5.410.611 euros.
En cuanto a las subvenciones, la inmensa mayoría provienen del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, dos con el Ministerio de Educación y una con el Ministerio de Asuntos Exteriores. El importe de las ayudas a lo largo de los últimos siete años asciende a 2.291.426
En estas dos legislaturas (2000-2008) ha obtenido ayudas para veintinueve programas, casi todos sociales pese a que «la Liga está integrada por profesionales de la educación y otras personas interesadas en conseguir que la educación y la cultura sean, efectivamente, instrumentos para el desarrollo de los ciudadanos», según figura en su página web.
Pero lo peor en la actitud del diputado socialista es que esos pagos son inaceptables desde el punto de vista de la ética pública que tanto predica. Si el objetivo de la EpC, como proclaman sus defensores, es transmitir a los escolares los valores cívicos propios del estado democrático, la conducta de uno de sus ideólogos no puede utilizarse como modelo a seguir. Mal ejemplo se ofrece a los jóvenes cuando se aprovecha -directa o indirectamente- el ejercicio de la autoridad pública para obtener ventajas de las administraciones dirigidas por los compañeros de partido. Aun en el dudoso supuesto de que no haya incompatibilidad en el plano jurídico, la situación resulta inaceptable en términos éticos e incluso estéticos. El análisis de los diferentes contratos celebrados, superior a los 7 millones de euros, refleja además ciertas decisiones sorprendentes de los ayuntamientos en cuanto a publicidad, criterios de adjudicación y otras reglas básicas de la contratación pública, lo cual justifica las sospechas de un posible favoritismo. euros, y se refieren a programas de menores o inmigrantes, aunque ha recibido también dinero por centros de orientación para la salud o incluso por el mantenimiento de su sede central.
En todo caso, la credibilidad del PSOE a la hora de invocar valores éticos no resiste la prueba de los hechos. No es la primera vez, pero este asunto resulta especialmente llamativo dado que afecta a un defensor convencido de esa «virtud cívica» que Zapatero proclama como inspiración ideológica del socialismo moderno. Más información en ABC