Abusos autonómicos

El poder derivado de las regiones no puede legítimamente convertirse en poder soberano

Ignacio Sánchez Cámara

El proceso de reformas de los Estatutos de Autonomía, emprendido en la actual Legislatura, entraña un grave error histórico y una agresión al orden constitucional. Mayor en unos casos (Cataluña), y sólo un poco menor en otros (Andalucía, Baleares y Comunidad Valenciana). La oposición popular, aunque en menor grado que el Gobierno, no está libre de culpa. Sin existir demanda social que lo justifique, se han creado artificialmente unas exigencias de poder autonómico que violentan la legalidad constitucional e incluso amenazan la unidad nacional. Van a continuación seis argumentos o razones.

Las reformas se fundamentan en un principio falso: la pretendida mayor democracia y eficacia de las competencias ejercidas por las nacionalidades y regiones en detrimento del Estado. Por el contrario, muchas competencias, acaso la mayoría, se ejercen mejor, y con el mismo grado de control democrático, por el Estado que por las Autonomías. Se abusa del término “autonomía”. Autónomo es quien se gobierna a sí mismo. Pero la persona es tan autónoma cuando se somete al poder estatal que cuando lo hace al regional o municipal. Es un problema de reparto racional de competencias; no de libertad y autonomía personales. Las regiones son tan autónomas, o menos, que el Estado. Sólo deben ser transferidas las competencias que sean mejor ejercidas por las regiones.

Los nuevos Estatutos parecen fundamentarse en una especie de falsas y anticonstitucionales “minisoberanías”. Las comunidades se convierten en algo así como “Estaditos”. La Constitución es muy clara al respecto. La soberanía reside en la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles. Son los españoles, y no, por ejemplo, los navarros, catalanes o riojanos, los que serán lo que ellos decidan ser. El poder derivado de las regiones no puede legítimamente convertirse en poder soberano. También es posible un totalitarismo autonómico.

Mientras algunos Estatutos definen sus comunidades como “nación” o “realidad nacional” (no veo la diferencia), la Constitución no reconoce más nación que la española. Otra cosa es la equivocada adopción por la Carta Magna del término “nacionalidades”, pero, en cualquier caso, se trata de algo distinto de la nación. El argumento de que la inclusión se hace en los Títulos Preliminares es irrelevante. Aun admitiendo que carezcan de valor normativo, lo que es disputado, no se entiende la razón de que se asuma una terminología opuesta a la Constitución.

Los nuevos Estatutos son inconstitucionales en la medida en que contengan declaraciones de derechos de los ciudadanos. Esta competencia es exclusiva de la Constitución, y, además, conferir derechos a los ciudadanos de una región entraña una vulneración del principio de igualdad de derechos de todos los españoles. Me parece tan absurdo hacerlo en nombre de la derecha como de la izquierda, mas, en este último caso, es incluso más contradictorio, ya que la izquierda tiende a insistir más en el valor de la igualdad frente a otros.

También quiebran la Constitución y la razón jurídica cuando se intenta romper el principio de la unidad jurisdiccional, creando unos Tribunales Supremos de las Autonomías. Por último, todo el proceso conduce a la quiebra del Estado o en el mejor de los casos, a su debilitamiento radical. Vivimos un abuso, no un mero uso, del principio de la autonomía.

Aún cabe preguntar: ¿por qué se ha emprendido este pernicioso proceso? Y, sobre todo, ¿cómo cabe oponerse a él? A lo primero, es posible aducir la existencia de conveniencias o intereses partidistas. Se trata de complacer a los partidos nacionalistas para contar con su apoyo. El PSOE es consciente de que necesita ese apoyo, y que sin él su permanencia en el poder se terminaría. También cabe aducir las exigencias de la nueva política antiterrorista, que camina más por la senda del apaciguamiento y el pacto que por el de la firmeza y la justicia. ¿Qué hacer? Confiar en el Tribunal Constitucional, esperar el dictamen de las urnas y apelar a la Constitución e, incluso, a su reforma en una dirección opuesta a la que pretenden los nacionalismos. Conviene evitar que pronto nos veamos obligados a la tarea de tener que reconstruir nuestro Estado.

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