(por Jorge Valín)
Los burócratas se han puesto a pensar qué pueden hacer para frenar el terrorismo, y como siempre su conclusión es surrealista, intervencionista, tardía, implica aumentar los costes para las empresas privadas y vulnera los derechos de privacidad. Sí, la solución ha sido, según el diario El País, crear una ley que obligará a identificar a los dueños de tarjetas de móvil y a guardar un año los datos:
“El Gobierno ha preparado una base legal para combatir la delincuencia y el terrorismo mediante un cierto control de las comunicaciones telefónicas. Los ministerios de Justicia e Interior han terminado el anteproyecto de Ley de conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicación.”
“España fue uno de los países más activos para conseguir la aprobación de la directiva comunitaria debido a la experiencia del 11-M, donde el seguimiento de las comunicaciones de los teléfonos móviles usados en los atentados fue crucial para desentrañar lo ocurrido y detener a parte de los responsables.” Más>>
¿Y por qué no hacer un detallado seguimiento de las carteras, bolsas o cualquier tipo de embalaje donde se hacen detonar las bombas y también de los clientes de estos utensilios? Una ley que podría haber tenido algún sentido hace tres ó cuatro años, pero que ahora, antes que se apruebe, ya está caduca. El siguiente paso, evidentemente, podrá ser el registro de todas las conversaciones en nombre de la “seguridad nacional”.
La gran mentira de la seguridad nacional, que causa tanto miedo que parece no tener límites racionales y que se está usando, en la mayoría de casos, para tomar más poder estatal a costa de la libertad individual.
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