Hacia una «kale borroka» catalana
Es imposible que al visitante de Gerona le pase desapercibida una tienda situada en la plaza del Vino, muy cerca del Ayuntamiento. Se llama «Les Voltes. Centro de Catalanidad» y en ella se invita al paseante a participar en diversas campañas destinadas a erradicar cualquier vestigio de «españolidad».
Firmas en contra del Rey, peticiones para que la letra «E» desaparezca de las matrículas, documentos que acreditan la catalanidad por el módico precio de seis euros... «Este DNI catalán certifica qué sois y quiénes sois. Os sirve en los Países Catalanes, en toda Europa y más allá. ¡En España no!», indica (en catalán) el boletín de suscripción.
En las revueltas protagonizadas por esos grupos autodenominados «antirrepresivos», los Mossos d´Esquadra optaron por no intervenir para evitar males mayores. Concepció Veray, concejal del PP en el Ayuntamiento de Gerona «no cree demasiado en las casualidades, pero lo cierto es que cada vez que los dirigentes de Esquerra han organizado una cena con militantes en Gerona, nos han pintado la sede».
Las CUP (Candidaturas de Unidad Popular) triplicó el número total de concejales en las recientes elecciones municipales y se ha convertido en un enemigo acérrimo de la juventudes de ERC, a las que acusa de estar excesivamente sometidas al PSOE y promover un independentismo edulcorado.
Las CUP, cómo no, secundaron la manifestación antimonárquica celebrada el pasado día 13 junto a otras formaciones como El Forn, JAG, Endavant, Maulets, PSAN, MDT, COS o SEPC, agrupadas bajo la organización Alerta Solidaria. Una amalgama de siglas procedentes de escisiones y refundaciones del independentismo catalán -El Forn, por ejemplo, es un grupo separado de Maulets-, que durante años ha intentado unificarse para formar un movimiento de «liberación nacional» similar al vasco en torno a un partido político y una organización beligerante.
Quema masiva de fotos del Rey en otro desafío radical en Cataluña
Medio centenar de independentistas quemaron anoche en la Plaza del Vino de Gerona fotocopias de retratos de los Reyes en señal de apoyo a Jaume Roure, el extremista de Bañolas (Gerona) acusado de injurias al Rey por quemar hace diez días un retrato de Don Juan Carlos y Doña Sofía. Unas 300 personas se reunieron y mostraron una pancarta en la que se podía leer: «Yo también quemo la bandera española» y «Bañolas antimonárquica».
Paralelamente, en Molins de Rey (Barcelona) se concentró un centenar de personas en la plaza del Ayuntamiento en medio de una gran cantidad de «estelades» (banderas independentistas) y pancartas con la inscripción «Quemar una foto del Rey es delito. Todos somos delincuentes». La lectura de un manifiesto muy similar al de Gerona dio paso a la quema de una fotocopia con la imagen del Rey.
Precisamente el viernes, el vicesecretario de esta formación, Xavier Vendrell, afirmó durante la presentación de un libro sobre la banda terrorista Terra Lliure que esta organización sirvió para «sacudir conciencias» y que «la violencia es un concepto muy relativo». Vendrell fue dirigente de Catalunya Lliure, uno de los brazos políticos de la banda terrorista, durante los pasados años 90, y se ha expresado así de contundente durante la presentación del libro Terra Lliure, punt final, de Arnau González y el periodista de TV3 David Bassa -este, además, autor del documental homónimo, criticado recientemente por el CAC, entre otras cosas por utilizar un lenguaje perverso al calificar a los terroristas como "activistas"-.
Vendrell advirtió de que «se le ha dado mucha importancia a una organización, Terra Lliure, que causó una sola muerte en quince años de existencia, y encima fue accidental» (sic).
Banalizar la violencia
DESDE hace semanas, el Gobierno está haciendo público un discurso peligroso, y hasta irresponsable, que banaliza el incumplimiento de determinadas leyes, los actos de desprecio a la Corona y las amenazas dirigidas contra el principal partido de la oposición. Así es como se ha podido oír de miembros del Gobierno que la quema de imágenes de los Reyes -ayer mismo en Gerona grupos de radicales independentistas volvieron a prender fuego al retrato de Don Juan Carlos- es un «asunto menor» o que la ausencia de la bandera nacional en los ayuntamientos «seguirá ocurriendo». Incluso cuando los dirigentes del Partido Popular en Barcelona fueron amenazados de muerte, la respuesta del Gobierno no fue un elemental ejercicio de solidaridad con la oposición y de condena sin matices de las amenazas, sino acusar a los populares de ser los responsables de la crispación. Esta actitud del Gobierno produce perjuicios en cadena para la convivencia, porque priva de su respaldo político a valores esenciales en un Estado democrático y de Derecho como es el respeto a la ley, a las instituciones y a la libertad.
Cuando un partido democrático denuncia que ha sido amenazado, el Gobierno debe respaldarlo y condenar sin paliativos la agresión, pero no acusarlo de provocar la crispación, porque esto es tanto como culpar a las víctimas y absolver a los autores. Claro que, visto con perspectiva, nos hallamos al final de un mandato en el que el objetivo del Gobierno era el aislamiento del PP -solemnizado en el Pacto del Tinell-, el desmantelamiento de la Transición y el enaltecimiento de una memoria histórica que a algunos les ha servido para poner en duda la legitimidad democrática de la Monarquía.
- El radical que quemó las fotografías de los Reyes ya había agredido a un concejal del PP
- Albert Rivera vuelve a recibir amenazas de muerte en su domicilio particular
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