El conseller de Economía y Hacienda catalán, el socialista Antoni Castells, reclamó ayer la intervención del Estado para que limite la capacidad de las autonomías de tocar los impuestos, tras la política de rebajas que han empezado a aplicar gobiernos regionales como el valenciano o el madrileño. La reivindicación tiene sentido, ya que las ventajas -en este caso fiscales- que algunas comunidades ofrecen pueden provocar dentro del mismo país el denominado efecto frontera. Es, por ejemplo, el que lleva en un momento dado a los ciudadanos a repostar gasolina en zonas limítrofes donde el combustible es más barato. De la misma manera, la práctica supresión del Impuesto de Sucesiones y Donaciones que, en uso de sus competencias, han acometido Esperanza Aguirre y Francisco Camps, puede hacer que algunas grandes fortunas de Cataluña se fuguen en busca de un mejor tratamiento fiscal. El PSC no puede competir en ese terreno porque, aunque la Generalitat tiene la potestad, se encuentra con las manos atadas por sus socios de Gobierno: ni Esquerra Republicana ni Iniciativa están por dar facilidades al capital. Así las cosas, se da la paradoja de que el mismo tripartito que impulsó la inclusión de un capítulo sobre autonomía fiscal en el nuevo Estatuto, ha acabado solicitando la intervención del Estado para recortar competencias porque pueden verse dañados sus intereses. Pero ¿y cuándo ocurre a la inversa? Una vez más, la pela parece justificarlo todo.
vía El Mundo
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