Estatuto de Cataluña (Carlos Solchaga en Cinco Días)

El ex ministro de Economía Carlos Solchaga desbroza el Estatuto de Cataluña en las páginas de opinión del diario del Grupo Prisa para alertar de los serios riesgos económicos, políticos y sociales que conllevaría su aplicación. Además, avisa también del alto coste político que tendría esperar a que sea el Constitucional el que tumbe un texto que fuera aprobado por el Congreso. El error de no plantear un texto alternativo completamente nuevo "sólo es comparable" para Solchaga "con el cometido por quienes permitieron con su apoyo que un texto de la naturaleza del comentado saliera en los términos que ahora conocemos del Parlamento catalán".

Si este jueves el diario Cinco Días ya alertaba de los riesgos del Estatuto catalán – "Un modelo que se mira en el espejo del País Vasco" – el artículo de este viernes publicado por el ex ministro de Economía de los gabinetes de González, Carlos Solchaga, pone el dedo en la llaga y no sólo en los aspectos de financiación.

Bajo el título "La reforma del Estatuto de Cataluña", Solchaga hace un exhaustivo repaso –cita expresamente hasta 16 artículos– de lo que puede suponer para España y para el Gobierno que lo impulse la aprobación del texto que ya está registrado en el Congreso de los Diputados. Como novedad, Solchaga no se ciñe sólo a las premisas de evidente inconstitucionalidad sino a otras que, si fueran aprobadas tal y como figuran, "podrían ser fatales para el correcto funcionamiento de un Estado descentralizado como España y para la marcha adecuada de su economía".

"Por supuesto, –explica Solchaga– el tema de la constitucionalidad del Estatuto es crucial. Pero lo es por las implicaciones políticas que representa la voluntad, si es que existe, de romper el pacto constituyente de 1978 para aumentar el autogobierno de Cataluña haciendo caso omiso de las consecuencias de tal acción sobre la convivencia de todos los españoles".

A partir de ahí, Solchaga esgrime el optimismo como recurso para no imaginarse siquiera lo que supondría para España si se decide dar el paso. Las dos formas de que el texto no llegue tal y como está planteado son: que lo tumbe el Congreso al votarlo o que, aprobado, lo rechace el Constitucional. Pero, con la convicción de que por cualquiera de las dos vías "el Estatuto será acorde a la Constitución", Solchaga advierte que no da igual qué camino se siga:

"Las consecuencias políticas no serían las mismas si se acuerda la eliminación de los aspectos inconstitucionales durante la discusión parlamentaria que si, por evitar la ruptura entre las fuerzas proponentes del Estatuto, por falta de sensibilidad ante la opinión mayoritaria de la ciudadanía o por cualquier otro motivo se mantienen muchos de ellos en el texto aprobado por las Cortes y deben ser corregidos más tarde por el Tribunal Constitucional".

Es decir, el ex ministro aboga por que no haga falta que actúe el Alto Tribunal. Y el papel para no llegar a ese escenario se lo otorga –y vuelve a usar el optimismo como aviso para navegantes– al PSOE. Dice así:

"El Partido Socialista, con responsabilidades de gobierno en Cataluña y en España, tiene que atenerse al proceso parlamentario y elegir de manera indubitable si está por la Constitución, aun a riesgo de pérdidas de alianzas, o prefiere engañarse aceptando un texto que se acabe probando que no es constitucional y con un nivel elevado de rechazo potencial entre sus propios votantes. Yo estoy convencido de que el PSOE estará a la altura de este desafío histórico y que, llegadas las circunstancias, sabrá reconocer dónde está su primera lealtad, que no es en otro lugar que en la Constitución".

CONTRA 20 LEYES: 8 ORGÁNICAS Y 12 SOBRE ORGANISMOS REGULADORES

Tras estas consideraciones, Carlos Solchaga pasa a desbrozar hasta el último milímetro del Estatuto. El primer asomo es demoledor al citar las ocho leyes orgánicas que pretende modificar, a saber:

"del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional, del Ministerio Fiscal, del régimen electoral, de la organización y funcionamiento de la Administración general del Estado, de la regulación de las distintas modalidades del referéndum, de las fuerzas y cuerpos de seguridad; que deroga de hecho otra, la de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca) en su aplicación a las finanzas catalanas".

No es todo. Para el ex ministro, el texto que ha llegado a Madrid "modifica otras leyes de carácter general que regulan organismos regulatorios y jurisdiccionales como el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial, el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el Tribunal de Cuentas, la Agencia Tributaria, el Consejo de Telecomunicaciones, la Comisión Nacional de la Energía, el Consejo de Radio y Televisión, el Consejo Económico y Social y la Agencia de Protección de Datos tan sólo para tener derecho a nombrar representantes de la Generalidad en los mismos".

COMPETENCIAS EXCLUSIVAS DEL ESTADO

El análisis de Solchaga aborda también la arrogación de competencias propias del Estado por parte de la Generalidad. Partiendo de los dos primeros Títulos del texto y de la ambición de máxima representación el ex ministro no pierde de vista "temas más prosaicos" como "las competencias sobre puertos y aeropuertos de interés general, telecomunicaciones y gestión del dominio público radioeléctrico, estancia y residencia de extranjeros, régimen sancionador de extranjería, selección de trabajadores extranjeros para la inmigración, ejecución de la legislación estatal de tráfico y seguridad vial, títulos académicos y profesionales y demarcaciones territoriales de órganos jurisdiccionales en Cataluña y su planta judicial".

Al profundizar en estas exigencias, Solchaga alerta del peligro que supone el hecho de que tales competencias fueran solicitadas por otras comunidades.

"Los deseos de alumbrar una, muy circunscrita a algunos temas, pero, sin duda, política exterior propia, además de las consideraciones legales deben ser tenidas en cuenta las implicaciones para el funcionamiento de todas estas áreas de la extensión de los derechos reconocidos a Cataluña al resto de las comunidades autónomas".

Y es esa proyección a otras comunidades Solchaga encuentra la piedra de toque en la financiación que "se quiera llamar o no cupo, no es viable y a la que el principio anticonstitucional de bilateralidad no podría proteger de la extensión al conjunto del sistema de financiación de comunidades autónomas si fuera aprobada como figura actualmente".

RESUELTO LO ANTERIOR, QUEDARÍAN 16 AMENAZAS MÁS

Avanzado el artículo, empieza a comprenderse que el optimismo de Solchaga es sólo un recurso para alertar de que no hay forma posible de aprobar el Estatuto tal y como está sin romper por completo el sistema político, institucional y económico. Tales riegos:

"(...) acechan detrás del artículo 120 (cajas de ahorros), el artículo 125 (corporaciones de Derecho público y profesionales), el 126 (ordenación de banca, crédito, seguros y mutualidades no ligadas a la Seguridad Social), el 145 (mercados de valores y centros de contratación en Cataluña), el 154 (sobre el Tribunal de Defensa de la Competencia de Cataluña) y el artículo 157 (que reconoce la competencia exclusiva de la Generalidad en materia de publicidad). Asimismo tendrán que considerar la conveniencia de los aspectos intervencionistas que asoman en los artículos 121 (comercio), 127 (cultura), 133 (energía) y 159 (industria) por citar sólo los más evidentes”.

Aconseja Solchaga a "los padres de la Patria" que calibren otros riesgos del Estatuto que abocan a la discriminación:

"los artículos 50 (etiquetado en catalán), el 131 (modelo educativo), el 140 (competencias en redes viarias) y el 169 (competencias en materia de transporte), para no hablar del peligro que puede suponer para preservar la unidad de caja del sistema de la Seguridad Social la pretensión de la Generalidad de compartir estas competencias contenidas en el artículo 165".

CONCLUSIONES

Las últimas líneas del artículo de Solchaga publicado por Cinco Días parecen una sugerencia a los diputados del Grupo Socialista y al presidente del Gobierno con vistas al debate parlamentario y a la necesidad de enmendar la totalidad del texto catalán.

"El trabajo por delante es tan extenso que uno comprende, sin necesidad de entrar en las dificultades jurídico/constitucionales de la redacción del Título I que hace muy difícil una propuesta de enmienda distinta a la de un texto alternativo completo, que algunos tengan la tentación de abandonar la tarea y rechazar el intento de mejora y perfeccionamiento del texto. Pero eso sería un enorme error tan sólo comparable al que han cometido quienes permitieron con su apoyo que un texto de la naturaleza del comentado saliera en los términos que ahora conocemos del Parlamento catalán".