El Carmelo (586 personas pasan la Navidad fuera de casa) Galicia Liberal

El 27 de enero de 2005, las obras en un túnel de la línea 5 del Metro provocaron el derrumbamiento de cinco edificios en Barcelona. Sólo han podido regresar a sus hogares 692 afectados del total de 1.278 desalojados por la catástrofe. Casi un año después y ya en Navidad, aún permanecen 586 personas fuera de sus hogares esperando su rehabilitación, hay 54 comercios que siguen cerrados y las ventas en el barrio han descendido entre el 60 y el 80 por ciento. El túnel se realizó por un método que había sido rechazado por la Comunidad de Madrid por inseguro, y sin un estudio geológico del terreno (más datos en Libertad Digital)

Mientras, un apagón informativo se cierne sobre la catástrofe y sus afectados, a excepción de la COPE, Libertad Digital, Antena3 y La Razón, sobre todo. La prensa, en especial la catalana, apenas tiene nada que decir al respecto. Las autoridades se preocupan por discutir los términos de un Estatuto del que no había necesidad, en lugar de solucionar este drama para quienes pasarán esta próxima Navidad en hoteles (163), pisos de alquiler facilitados por la Generalitat (339), con familiares (39) y, según los datos oficiales, en “otras situaciones” (45), que incluyen residencias de ancianos y poblaciones de origen.

En total, se estima que la catástrofe ha afectado directa o indirectamente a cerca de 15.000 personas. Los daños son de diversa índole, y todos afectan de modo extremadamente grave a multitud de ciudadanos y familias: trabajadores que han perdido su trabajo, empresarios autónomos que han debido trasladar o cerrar el negocio, enfermos que han debido ser trasladados, pensionistas, viudos y colectivos con poder adquisitivo limitado, vecinos que han perdido su hogar –alguno con hipoteca aún- y su trabajo.

No es cuestión de ideologías, sino de principios. La situación de abandono o de escasa atención por parte de las autoridades competentes no se puede tolerar. Y si algún medio de comunicación nos lo recuerda, ahí está el Consejo Audiovisual de Cataluña para censurar las opiniones que no considere adecuadas. Si el tripartito puede controlar, multar y rescindir los contratos, no quedarán medios críticos que informen a los catalanes de lo que va a suponer en su día a día el nuevo Estatuto, ni de los errores que cometa el tripartito.