La administración podrá expropiar fincas si cree que son un "factor de perturbación"

El Ministerio de Medio Ambiente ha presentado un proyecto de ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad que cambia la regulación en la que se moverán a partir de ahora los espacios «verdes» protegidos. Lo hace, principalmente, en dos vertientes: la parte de territorio que se considera de utilidad pública y las posibilidades de expropiación que esto conlleva. Hoy, en el Congreso, el Partido Popular presentará una enmienda a la totalidad, que parece que pueden apoyar otros grupos, por considerar que la norma extralimita el poder de la administración frente a los particulares.
¿Qué cambia esta norma? Por un lado, que se considerará espacio natural de utilidad pública el 25 por ciento del territorio español. Dentro de esta zona, la mayor parte de estos terrenos son de propiedad privada, bien fincas, viviendas o poblaciones enteras que se incluyen dentro de la Red Natura.
A juicio del PP, «la norma es un atentado contra la propiedad privada», ya que crea una auténtica indefensión jurídica ante una redacción que, además, consideran ambigua. «Expresiones como factor de perturbación; espacio natural delimitado; zona bien conservada amenazada; o turbar gravemente la tranquilidad de las poblaciones, son ejemplos que crean una gran inseguridad jurídica».
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