El imán que decía cómo pegar, ahora en Ceuta

El imán que aconsejaba cómo pegar a la mujer asesora ahora a familias de Ceuta
La Comunidad Islámica Suhail de Fuengirola que dirige el imam egipcio Mohamed Kamal ha abierto una sede en la ciudad autónoma de Ceuta con el propósito de brindar «asesoramiento», desde el punto de vista de la ley islámica, a las familias ceutíes que predican esta confesión religiosa y gestionar sus actas de matrimonio. Estos dictámenes legales basados en la ley islámica pueden versar sobre cómo gestionar un negocio, sobre cómo repartir una herencia o sobre cualquier otro asunto. Y todos ellos se cobran. Por ello, algunas fuentes de la comunidad musulmana ceutí, formada por unas 35.000 personas, han apuntado que la sede de Suhail en Ceuta servirá también como una fuente de financiación para el grupo establecido en Málaga, fuertemente vinculado a Arabia Saudí, según todos los consultados.
El carismático imán egipcio llega precedido, además, de la polémica que rodeó la publicación de uno de sus varios libros sobre temática religiosa, «La mujer en el Islam», por cuyo contenido llegó a ser encarcelado durante 22 días. Casado y con dos hijas, licenciado en la ley islámica en Egipto y Arabia Saudí, el líder la Comunidad Suhail fue denunciado hace siete años por un centenar de asociaciones de mujeres, varias de ellas con integrantes de confesión islámica. Tras algunos vaivenes procesales, el Juzgado de lo Penal número 3 de Barcelona le condenó en 2004 a un año y tres meses de cárcel en medio de una formidable polémica. En su auto, el juez argumentó que el libro, cuyos ejemplares fueron retirados del mercado, Kamal rezumaba un «machismo obsoleto» y vulneraba «abiertamente» el principio de igualdad entre hombre y mujer, además de «herir la sensibilidad social». Tras pasar 22 días en la prisión de Alhaurín fue liberado en diciembre por orden de la Audiencia de Barcelona, que le conmutó la pena, pese a la abierta oposición del Gobierno, por seguir un curso formativo de seis meses en cuyo contenido destacaban los artículos 10, 14 y 15 de la Constitución española y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. A su término, el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Málaga (UMA) Ángel Rodríguez, encargado de impartir las clases, aseguró que el balance del mismo había sido «positivo». Lee el artículo completo en La Razón