Hasta el mismo diario El País comprende el sin sentido del proyecto de ley de memoria histórica, llamado ahora de otra forma. Es natural, pues existen al menos tres razones lógicas. La primera, es que, para reparar moralmente a las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo, el Gobierno podía haber recurrido a instrumentos de otra índole, no a un texto legal. Esto siempre y cuando no se considere absolutamente innecesaria dicha actitud, treinta años después de la desaparición del dictador, casi setenta de su legimitación por las armas en el poder y viviendo en un momento tan delicado como el actual.
La segunda es porque, puestos a recordar, el reconocimiento de las víctimas del lado republicano durante la guerra no debe excluir el de los fusilados y desaparecidos del otro bando, sin que pueda alegarse que unos ya tuvieron reconocimiento durante 40 años y los otros no. En el otro bando hubo atrocidades morales de la misma catadura. Baste recordar las sacas y matanzas de presos de noviembre del 36 en Madrid o el recuerdo traído al papel de los familiares de los centenares de ejecutados en Paracuellos, cuyos responsables todavía viven, o de la sádica aniquilación de sacerdotes, financieros y burgueses auspiciada por el Gobierno de Companys, junto a los miles de víctimas restantes, para darse cuenta de lo imposible que es mirar hacia atrás sin riesgo de resultar ser objetivo.
Y la tercera y más importante es que en este momento, si de verdad se quiere hacer un homenaje a nuestra historia y nuestras víctimas tanto de la guerra civil como de la dictadura, lo que de verdad debería centrar nuestra atención es el evitar todo tic neofranquista que pueda todavía existir en el sistema democrático español. Y existen todavía algunos, desgraciadamente.
Empezando por las cloacas de Interior. Hasta que nuestro sistema no depure absolutamente todo vestigio del régimen anterior, nuestra sociedad vivirá siempre con la amenaza de ver repetidos acontecimientos como los GAL o del 11-M, sin que esto signifique, de momento, atribuir la autoría del acto terrorista a las fuentes profundas no controladas de Interior, independien-temente de que ya se puede afirmar con rotundidad que algunas personas de la “casa” manejaban una información de la que el gobierno jamás tuvo noticia hasta muy pasado el golpe. Y siguiendo, como piedra angular de todo sistema democrático, por una total división de poderes que permita la separación de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, así como reformar la ley electoral para conseguir una mayor representatividad del delegado.
Eso sería, verdaderamente, hacer honor a la historia, al presente y al futuro. Pero el presidente Zapatero no parece muy preocupado por vivir bajo las secuelas de un régimen pasado que tanto manifiesta reprobar. En un alarde total de incoherencia, utiliza demagógicamente el discurso del odio y administra torticeramente las vías antidemocráticas todavía latentes del franquismo.
Vía Lorenzo Abadía
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