Pulsos, presiones y chantajes

DE LA VEGA DIXIT: PULSOS, PRESIONES Y CHANTAJES

La base sobre la que se asienta la democracia es el Estado de Derecho. Sin Estado de Derecho es inexistente la Democracia. Todo estudiante de Derecho sabe desde el primer momento de sus estudios universitarios cuál es el significado del Estado de Derecho; a saber, el sometimiento de los poderes públicos al imperio de la Ley, es decir, al Ordenamiento Jurídico, tal como se refleja en el art. 9 de la todavía vigente Constitución española. Por eso creo que la gota que ha colmado el vaso de las actuaciones de este desgraciado Gobierno del Sr. Rodríguez que nos ha tocado sufrir (y de sus aliados separatistas) es la pretensión que ahora defienden directamente (la última en graznar ha sido la inefable DE LA VEGA, si, Subsecretaria de Justicia en cuyo Ministerio –llamado entonces de Justicia e Interior- se había cocinado todo el cambalacha del Capitán KAN): el principio , sin disimulos, de que los Jueces y Tribunales deben obedecer las consignas del Poder Ejecutivo, y no los mandatos de la Ley, en el caso de que ésta choque con las pretensiones gubernamentales. Esto es una desfachatez. Los Jueces y Tribunales tienen como única misión constitucional la de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado: aplicar la norma jurídica de que se trate al caso concreto que le es sometido a enjuiciamiento. Si se condena al terrorista De Juana Chaos a una pena x es porque existe una norma en el vigente Código Penal que así lo dispone. Y si ZP no se está de acuerdo con esta aplicación de la norma por parte de los Tribunales, lo que tiene que hacer su gobierno, dentro de sus atribuciones constitucionales, es hacer efectiva su iniciativa legislativa y proponer al parlamento (poder legislativo) la modificación de la norma penal (o la que sea). Mientras no exista reforma legislativa los jueces no tienen más que una obligación: aplicar la norma tal y como está; lo contrario supondría responsabilidad penal para los jueces ya que constituiría un delito de prevaricación (dictar conscientemente una resolución contraria a la Ley). Y si no se quiere modificar la Ley, lo que tiene que hacer el Gobierno es aplicar su competencia constitucional sobre el indulto. Es preciso recordar a este Gobierno (y aliados) iletrados que la Ley no sólo obliga a los Jueces, también obliga al poder ejecutivo; es decir, sus actuaciones deben realizarse dentro del marco de respeto al Ordenamiento Jurídico; en caso contrario, el Gobierno incurría en responsabilidad, que, incluso, podría llegar a ser penal. De la Vega acaba de decir: no se admitirán “Pulsos, presiones y chantajes” Pero que estalinista es esta gente. Que vergüenza.