(El canto del cisne) La Guardia Civil detuvo este lunes a los responsables de varias clínicas de Barcelona donde se practicaban supuestos abortos ilegales (de hasta 8 meses de gestación), según informaron fuentes policiales y judiciales. Un juzgado de Barcelona, ordenó la investigación de varias clínicas, entre ellas, el Instituto Fundación Morín, en la zona alta y elegante de Barcelona, Ginemedex y un centro asistencial llamado CDC. De éstas tres “clínicas”, el responsable es un médico de origen peruano, Carlos Morín, un ginecólogo que ya estuvo acusado de practicar abortos fuera de la ley, a consecuencia de una denuncia de la televisión danesa, con actuaciones obtenidas mediante grabación con cámara oculta.
Parece ser que ha sido el testimonio de una ex-empleada, de identidad desconocida, la que ha aportado al juez abundante información sobre las actividades en éstas “clínicas”. Sin embargo, en mayo pasado el Colegio de Médicos de Barcelona desestimó abrir un expediente sancionador a este médico peruano, porque consideró que no existían motivos para ello. Y además, el departamento de Salud de Cataluña cerró el pasado verano los expedientes abiertos a varias de éstas clínicas.
En España tenemos una legislación sobre el aborto de las más laxas de Europa. Son suficientes dos informes médicos sobre la salud psicológica de la madre para proceder a un aborto, incluso más allá de las primeras 20 semanas. Sin embargo, las clínicas investigadas ni siquiera se molestaban en quedarse dentro de tan amplias fronteras: los informes psicológicos se falsificaban y se utilizaban ecografías de otras pacientes para disimular los avanzados estados de gestación. Aunque no hay que olvidar que Madrid sigue siendo la capital europea del aborto, con cerca de 23.000 abortos anuales provocados.
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