El PNV se manifiesta contra el Estado de Derecho

El PNV y la ETA, contra los jueces españoles

En las protestas contra los jueces y las leyes españolas de estos últimos días se ha corroborado que unos agitan el árbol y otros recogen las nueces. Aún así, siempre hay ciegos voluntarios.

Desde la transición, en Madrid se cree que los del PNV por llevar chaqueta y corbata son distintos de los etasunos. La verdad es que no hay más diferencia que los métodos para obtener los mismos fines: la independencia y la exclusión de aquellos que no la acepten. Sin recordar hechos tan miserables como reveladores de la transición ni el lenguaje habitual de jerarcas como los hoy postergados Arzalluz y Anasagasti, basta tener presente que el PNV salvó a ETA de la acometida popular después del asesinato de Miguel Ángel Blanco por interés propio: Días después del asesinato de Miguel Ángel Blanco, centenares de militantes del PNV nos reunimos en asamblea (...) HABÍA QUIEN PENSABA QUE, EFECTIVAMENTE, SIN ETA, NOS CONVERTIRÍAMOS EN UNA FUERZA VULGAR.

Ahora, el PNV y Etasuna se unen en su arremetida contra los jueces y las leyes españolas. El PNV y EA, más algunos obispos, ya trataron de que no se aprobase la Ley de Partidos, que dejaba a Batasuna en la calle. Los obispos Setién y Uriarte niegan funerales individuales a Gregorio Ordóñez y unos niñatos educados en el sistema escolar diseñado por los nacionalistas profanan su tumba. Tanto los moderados como los radicales coinciden en las ganas de sacudirse los jueces independientes de encima. Por un lado, expulsan mediante las pistolas o por la discriminación laboral a ciudadanos desafectos y por otro lado tratan de conseguir un ámbito de impunidad vasco, que ellos denominan de decisión.

¿Qué propone el PNV ante la ingerencia judicial? El retorno a los fueros, a la justicia estamental y sentimental. Un ejemplo es el jesuita y ex profesor de Deusto José Ramón Scheifler. Para él, las acusaciones contra Gorka Aguirre no son verdad, digan lo que digan los jueces, las pruebas y los testigos. ¿Por qué? Porque conoce a Gorka, conoce a su estirpe. Es un buen vasco y eso basta. ¡Aunque le viera en la cárcel estaría más seguro de su inocencia que de la del juez!

Claro, quienes no reciben la etiqueta de buen vasco no son gente de fiar, son sospechosos; bueno, somos, que yo también entro en la categoría de renegado.

Vía Bokabulario

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La intimidación nacionalista

Casi 23 años antes de que el presidente Ibarretxe echara a sus masas contra los jueces lo hizo Jordi Pujol, gran estadista o español del año, que de ambas maneras puede y debe ser recordado. La tarde del 30 de mayo de 1984 unos cuantos miles de personas se apostaron en el camino que va del Parlament de Cataluña a la sede de la Generalitat exigiendo inmunidad para el presidente recién investido. La manifestación era el punto culminante de una campaña de movilización del nacionalismo ante la querella presentada contra Pujol y otros directivos de Banca Catalana por apropiación indebida. […]

Pero, por suerte, aún había un gobierno en España y el ministro Tomás de la Quadra advertía a Pujol, a los pocos días del aquelarre, que ése no era el camino. La situación contrasta con la de hoy. No por parte de los nacionalistas, desde luego. Los nacionalistas consideran que los jueces son extranjeros y que actúan fuera de su jurisdicción cuando intervienen en los negocios patrióticos. Cuando intervienen quiere decir cuando les perjudican sus decisiones. Ibarretxe, los venerables Garaikoetxea y Ardanza, y los que les siguieron en la calle sólo creen en la democracia vasca, es decir, en una democracia adjetivada. Pero el problema fundamental no es éste. El problema es el contraste que ofrecen las palabras de ayer del ministro De la Quadra y las del presidente Zapatero de hoy, cuando dice que las decisiones judiciales pueden ser criticadas. No podemos esperar que el presidente comprenda la diferencia entre una opinión y una acción, ni entre la crítica y el hostigamiento. Tampoco que advierta la quiebra fundamental que se produce cuando un ejecutivo denosta la decisión judicial y extiende sobre los jueces una sombra deslegitimadora a la que cualquier ciudadano podrá triunfalmente adherirse. Pero entre lo que no podemos esperar prima esta imposibilidad: la de que actúe, en fondo y forma, como la máxima autoridad democrática del Estado.

Coda: “Creo que ése es un camino equivocado’, añadió De la Quadra, “y no debe seguirlo nadie y mucho menos el presidente de una comunidad autónoma. Interferir la acción de la justicia sería entrar en un mal camino, entrar en ese camino del insulto y de la descalificación carentes de todo sentido”. (El País, 2 de junio de 1984).

Por Arcadi Espada